La austeridad para el enemigo y la abundacia para el amigo…

 

Seguramente habrán ustedes oido hablar del magnífico programa de austeridad que el Partido Popular tiene pensado llevar a cabo, una vez llegado al poder después de haber ganado las elecciones municipales con mayoría absoluta. Si señores, el Partido Popular, en su magnificencia plena, quiere llevar a cabo una serie de medidas que aseguren un descenso de presión en las arcas públicas, tal y como le ha sido indicado desde Madrid, callé Génova para ser exactos.

En primer lugar deberíamos plantearnos una duda, según el señor Frías, actual consejero en funciones de la cartera de Economía, Melilla es la ciudad con las cuentas más saneadas del país, con una de las deudas más bajas y con un gasto equilibrado y ajustado a las necesidades de los ciudadanos. El último repaso a esta situación la hacía hace apenas dos semanas, concretamente el 8 de junio. La duda por tanto es, si gastamos lo necesario y no tenemos apenas deuda ¿de donde se va a recortar y con que fines? Y por supuesto ¿donde va a parar el dinero que no se gasta?.

La respuesta a la primera pregunta es muy fácil; loque se debería hacer es evitar gastos supérfluos con en fin de cumplir con una ley de austeridad consecuente con la situación que está viviendo todo el país. La respuesta a la segunda de desprende de la primera, lo que “sobra” cada año, va a un fondo llamado “remanente” que se emplea en los presupuestos del año siguiente, por lo que se puede definir con bastante exactitud el fin de los recortes, que no debe ser otro que los dos grandes problemas de Melilla; a saber, el paro y el transporte, no lo digo yo, lo dice el Centro de Estudios Sociológicos en su último baremo autonómico, que no es diferente a los últimos diez. Es decir, que los melillenses quieren que se lleven a cabo políticas activas contra el paro y estimulantes del transporte barato y de calidad para estar conectados con la Península.

La primera de las cosas que va a hacer el Partido Popular, sin embargo, no es ahorrale dinero al contribuyente, según el protavoz del Gobierno, en funciones, Daniel Conesa, sino cumplir “con los acuerdos a los que nos hemos comprometido públicamente”, me explico. El señor Conesa asegura que se va a reducir el número de Consejerías, de las actuales 12 Consejerías, a las 10 que, como máximo, propone el Partido Popular a nivel nacional. Esto quiere decir, de momento, que el PP en Melilla no piensa reducir drásticamente el número de consejerías que tiene, que suponen el gobierno más grande y costoso, por ciudadano de toda España, Ceuta, una ciudad de similares características a Melilla, tiene sólo 9 consejerías y planean reducir hasta 6. Pero lo más interesante del asunto es que ya ha adelantado, sin pelos en la lengua, que la reducción del número de consejerías sólo supondría el ahorro del sueldo del consejero, puesto que las consejerías, reconvertidas en viceconsejerías o adscritas a otra consejerñia, seguiría teniendo las mismas infraestructuras y funcionarios trabajando en lo mismo. Si a esto le añadimos que un viceconsejero cobra lo mismo que un consejero (unos 5500 euros mensuales si se divide su sueldo anual en 12 meses), nos queda como resultado que la supuesta “reducción” de consejerías es en realidad un aumento de cuatro letras, pues de Consejero ahora con la palabra “vice” delante, somos más austeros, pero nos sigue costando todo lo mismo.

El quid de la cuestión, sin embargo, es de donde si ha dicho el futurible gobierno que va a restar y no es de otro lugar que de los pocos recursos ya con los que cuenta la oposición para hacer su labor de fiscalización al Gobierno. Lejos de tener la intención siquiera de reducir el coste de derroches varios como la Semana Náutica, FITUR, los convenios publicitarios con los medios, las comilonas y banquetes, los coches oficiales, los hoteles de cuatro estrellas para las grandes comitivas que “representan Melilla” y para los que nos visitan con todos los gastos pagados… y un sinfín de situaciones cuanto menos kafkianas, nos encontramos conque al futurible gobierno se le va a ocurrir la genial idea de quitarles recursos a la oposición “en aras de la austeridad que ellos mismos promulgan y exigen”. Osea, que como piden que el gobierno gaste menos en comidas, vamos a aprovechar para usarlo como excusa para seguir ahogando a la oposición aún más si cabe. Inaudito, pero cierto.

Una de las “medidas” que dice el futurible gobierno que va a llevar a cabo es mantener el puesto de Vicepresidente de la Asamblea sin remuneración. Les explico. La vicepresidencia segunda de la Asamblea, es la segunda persona más votada entre los 25 diputados que forman la Asamblea, por lo que, en la situación actual, lo normal es que sea CpM quien aporte un diputado para desempeñar esta importante labor. En el año 2007, la situación era diferente, pues CpM contaba con 5 diputados y el PSME con otros 5, con lo que el PP, que tenía 15, podía votar con diez diputados a Cristina Rivas y con 5 a Esther Donoso, que siendo la lista más votada, desempataba el resultado a favor del PP y lograba así arrebatar la vicepresidencia segunda a la oposición. Este año electoral, la cosa cambia con los resultados y siendo que CpM tiene seis diputados, todo parece indicar que podrá obtener el deseado puesto en la Mesa de la Asamblea, como por otra parte todo el mundo coincide en reconocer que es un derecho no escrito de la oposición y que seguramente será protegido en la redacción del nuevo Reglamento dela Asamblea. Claro que, Esther Donoso, siendo miembro del Gobierno de Imbroda, podía cobrar como consejera o viceconsejera, lo que es mucho más conveniente, pero no compatible, por lo que decide cobrar como viceconsejera de Contratación y Patrimonio (recuerden unos 5.500 del ala al mes) y dejar el de vicepresidenta dela Asamblea (unos 3400 euros al mes). La cuestión es que este sueldo no se cobra, no por gusto, sino porque la ley impide que una persona pueda cobrar estos dos sueldos a la vez y siendo que las dos personas responsables de la vicepresidencia de la mesa son del mismo grupo parlamentario, parece que no tiene mucho trabajo que hacer como vicepresidenta, tanto es así que acepta no cobrar por este trabajo pues ya cobra por el otro, vamos que lo hace “por amor al arte”. Ahora, este “amor al arte” quiere ser impouesto a la oposición, que tiene que nombrar a un diputado de entre los seis que tiene, para que, además de atender a su trabajo y su familia, le dedique tiempo a fiscalizar la acción del Gobierno, los plazos de convocatoria, los turnos de palabra en los Plenos la aplicación del Reglamento las peticiones de información, las actas… y un millón de etcéteras que es mejor, según el PP, que estén en manos de alguien que no tenga ni tiempo ni ganas de mirar un papel para que así no meta las narices más de la cuenta… Pues no, en este caso y como se puede entender fácilmente, no existe una razón lógica para negar a la oposición el derecho a liberar a una persona para que le dedique todo su tiempo a ejercer la labor de representación que el pueblo ha querido, mediante las urnas, que tenga. Otra cosa sería que la misma oposición, teniendo a alguien que por su patromonio o por su profesión, quiera voluntariamente rechazar la remuneración de este cargo, aunque yo personalmente preferiría que quien desarrollara esta labor tuviera la obligación profesional de hacerlo y que cobrara un sueldo por ello.

Dentro de las medidas de austeriada ya anunciadas, el futurible gobierno, pretende apoyar una moción para que los grupos minoritarios de la Asamblea tengan, en vez de dos asesores, sólo uno. Otra medida que, sin lugar a dudas, pretende ahogar de recursos a la oposición, concretamente a los grupos con menos de tres diputados, para que no se de la circunstacia, dicen, de que haya más asesores que diputados. De nuevo, el Partido Popular vuelve a caer en la trampa de la demagogia. ¿Saben ustedes cuanto cobra un diputado por representar a los ciudadanos que les han votado?, cero, bueno, si, una dieta de 90 euros por comisión y unos 150 euros por acudir a los Plenos, total, que al final de mes pueden juntarse con unos 400 euros entre una cosa y otra. Pero lo importante es saber que para ir a una comisión o a un pleno de la asamblea hay que ir preparado. Existe una cantidad ingente de documentos y expedientes que hay que leer, investigar y repasar, recibir la documentación oportuna, pedir la que no se aporta y tomar la decisión más acertada en cada caso. La asistencia a estas comisiones se hace con voz y voto y, aunque la mayoría absoluta siempre saldrá ganando, el diputado de la opocición adscrito a una comisión debe tener toda la información necesaria y haberla estudiado con anterioridad a la celebración de la comisión para así poder fiscalizar lo que allí se decida y denunciar, en su caso, lo que le parezcan irregularidades o ilegalidades, o apoyar propuestas que sean del interés general para dotarlas de fuerza en el Pleno. Este trabajo lo hacen los auxiliares y los asesores de cada grupo parlamentario formado por cada una de las formaciones políticas que tienen representación en la Asamblea. Si, es cierto, si un grupo tiene dos diputados, caso del PSME y el PPL en la futurible Asamblea, resultará que habrá el mismo número de diputados que de asesores, pero lo que no cuenta el gobierno es que participarán en las mismas comisiones y los mismo plenos que el resto de grupos parlamentarios. En cualquier autonomía, incluida Ceuta, para evirar esta paradoja, se libera a los diputados que así lo decidan, con un sueldo que les permita dejar sus puestos de trabajo habituales y dedicase a la función encomendada por el pueblo para ellos. Lo que ocurre en Melilla es que, para que los grupos puedan hacer su labor, tienen que tener a alguien dedicado en cuerpo y alma a las funciones que se le asignan, llámese diputado liberado o asesor del grupo parlamentario. Parece que la manera más justa de darle representación y recursos a la oposición es dotar de sueldo a los diputados que así lo deseen (ya que puede ser incompatible con su trabajo actual) y luego tomar la medida de reducir el número de asesores a los grupos minoritarios.

El querer quitar un asesor por grupo, eliminar el sueldo de la vicepresidencia, reducir la subvencióna a los grupos parlamentarios, etc… es reducir de manera peligrosa los recursos que los grupos de la oposición utilizan para evitar que el Gobierno haga y deshaga a su antojo, algo que en democracia puede llegar a convertirse en una bomba de relojería.

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