Religión VS Política… Una nueva esperanza

De un tiempo a esta parte, en los medios de comunicación locales, se está escuchando mucho una frase que ya nos suena a todos; “no hay que mezclar religión y política”, la han oído alguna vez ¿verdad?. Bien, hoy estoy aquí, para intentar aclarar un asunto, que creo que no se está teniendo en cuenta a la hora de llenar de contenido este comentario tan popular en los medios de comunicación, sobretodo de Melilla. Y es que hay que tener en cuenta que, cuando se lanza esta frase al aire, se suele hacer con una carencia obvia; no se explica luego lo que se quiere decir con ello, parece como si hubiéramos mentado a un bicho muy malo y muy feo, que no hace falta decir más, todos nos tenemos que esconder tras las puertas cerradas a cal y canto.

La realidad es mucho más sencilla y debe ser también más práctica. Para poder explicarlo hay que empezar distinguiendo dos conceptos enfrentados: uno, la utilización de la religión en política y otro, la utilización de la política en religión. Si bien la primera, en su término más radical es poco deseable y se intenta superar desde hace ya más de 300 años, el segundo supuesto, la utilización de la política en religión, es simplemente el ejercicio de las libertades individuales y colectivas que adquirimos, precisamente, al despojarnos, entre otras, de la costumbre de utilizar la religión en política.

 

Pero expliquemos el primer supuesto, el que no es deseable; la utilización de la religión en política. Primeramente diré, que en democracia, la defensa de las libertades individuales debe ser bandera de cualquier formación, dejando al margen las opiniones personales, las morales definidas por un grupúsculo de pensamiento y las ideas uniformadas que siempre tienden a convertir el lugar de todos, en el lugar de unos pocos. Cuando un representante popular, legisla, gobierna o juzga sobre el pueblo elector, dentro de una democracia al uso, debe hacerlo a través de dos vías; una de ellas, lo que afecta al colectivo general, basándose en el sentir de la mayoría, haciéndo que la minoría tenga que tragar con lo que les toque. Por ejemplo, si hay que decidir la cantidad a invertir para acumular agua potable para la ciudad, el gobierno de turno, puesto en su responsabilidad por la mayoría de los electores que ejercieron su derecho democrático, tendrá que tomar la decisión más acertada, según la manera de hacer las cosas del partido y los políticos en el gobierno. Si es un partido de izquierdas, se creará una empresa pública encargada de depurar, desalar y acumular el agua potable gestionada por funcionarios con buenos sueldos y pocas ganas de trabajar, que por otra parte no sólo no tendrá ánimo de lucro, sino que posíblemente termine el año en pérdida y tirando de personal de plan de empleo para sacar la empresa a flote. Si es un gobierno de derechas, se encargará a una empresa el trabajo, que contratará personal a bajo coste, intentando recortar los gastos para ganar más dinero, a costa de la calidad del agua, que cada vez será peor, seguramente habrán ofertado un precio de licitación bajo, que provocará una huelga de sus trabajadores y que terminará, no se sabe como, aumentando el precio fuera de la mesa de contratación, perjudicando a otras empresas que habrían competido en un principio con precios más reales atendiendo a salarios más justos o sostenibles.

 

Pero hay una segunda via que es la que nos afecta. Se trata de la legislación en asuntos que sólo afectan a pequeños colectivos que pretenden alcanzar libertades que no afectan al resto de la ciudadanía. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta la petanca, no es mucha gente pero es suficiente que tengan interés para que, al menos, no se les prohíba hacerlo. Si con la petanca no afectan al colectivo general, y es más, lo enriquecen, pues no hay motivo para facilitar su práctica. Claro, en este tipo de casos todo el mundo lo tiene muy claro, pero cuando se trata de asuntos peliagudos como, por ejemplo, el matrimonio de una pareja del mismo sexo, la cosa cambia. Este debate, que se sigue produciendo a nivel nacional con cierta fuerza, ha hecho que muchos legisladores se hayan puesto en contra por las razones equivocadas. Un representante de los ciudadanos, cuando vota a favor o en contra de algo, debe hacerlo pensando en las dos vías anteriores. El prohibir que una pareja del mismo sexo pueda alcanzar el estatus de matrimonio sigue inexorablemente una moral que no es ni colectiva, ni representativa en ningún caso de la pluralidad que debe imperar en un estado democrático y aconfesional. Si la moral religiosa, impuesta por la fuerza de la educación si se quiere, afecta a la decisión de un político a la hora de votar a favor o en contra de una ley, nos encontramos con la vergonzosa situación del uso de la religión en política. En este caso, el político, impone su criterio religioso a la fuerza, haciendo que toda la población del país, independientemente de su religión o sus valores morales, tenga que “pasar por el aro”. Siempre y cuando, esta libertad no afecte al colectivo general, la segunda vía democrática que asegura las libertades individuales y de las minorías, debe imperar para estar en un verdadero estado democrático. El uso de la religión como guía para votar a favor o en contra de una ley, sin usar para ello la lógica y la razón, buscando el bienestar del colectivo sin menosprecio del bienestar de las minorías y sus libertades, debe ser erradicado de los parlamentos democráticos y aún queda mucho camino por recorrer.

 

El uso de la religión en política en Europa, y a menor escala en España, hace muchas veces mella en los colectivos minoritarios, que se revelan contra las injusticias que eso conyeva. A veces, estos colectivos no son ni siquiera electores, como los inmigrantes, con lo que son presa fácil de los políticos desalmados, que ven como sus acciones les otorgan réditos políticos en su electorado intolerante. En Melilla, el uso de la religión en política va más allá, porque se trata de un tira y afloja cultural, territorial si cabe, que hace que los debates parlamentarios se tengan que ceñir a un guión mucho más escrupuloso. Pero siempre hablamos de prohibir o no facilitar. Cuando de lo que se trata es de alcanzar libertades o garantizar las mismas, sí se debe introducir la religión en política. Por ejemplo, la decisión de garantizar que el centro de la ciudad esté cortado al tráfico cuando se van a producir las procesiones de Semana Santa, es algo que debe garantizarse, de la misma manera que otras expresiones religiosas, sobretodo las más numerosas en Melilla como lo son la musulmana y la judía, deben de ser atendidas. Y es aquí donde radica uno de los problemas de la ciudad y su gobierno actual. Mientras la comunidad cristiana y la judía, cuenta con un representante legalmente reconocido por el Ministerio de Justicia para servir como interlocutor ante la administración pública, ya sea local o central, la comunidad musulmana, aún contando con la misma figura, no es ni consultada, ni respetada por el gobierno autonómico por cuestiones meramente políticas, y para que quede claro lo decimos: No hay entendimiento porque el gobierno local estima que el representante legal de los musulmanes de Melilla y su organización (la CIM) son partidarios de la opción política contrincante, es decir, la de Coalición por Melilla. Fíjense bien, e imaginen que porque Rouco Varela, representante de la Iglesia Católica en España, se haya posicionado CLARAMENTE a favor de la opción del Partido Popular en numerosas ocasiones y medios de comunicación (incluidos los delapropia iglesia), el Gobierno de España, del contrincante político Socialista hoy en dia, dediciera cortarle toda subvención, conexión institucional y hasta le faltase al respeto llamándola “la inquisición del siglo XXI”, por intentar hacer un símil con el desafortunado comentario de la popular Katy Muriel en el que aseguraba que la CIM era la Kale Borroca de CpM. Imagínenselo y luego vuelvan a la realidad de Melilla, donde la única asociación de musulmanes melillenses, cuya cúpula ha sido elegida democráticamente por más de 2500 afiliados y contando ya con más de 5000, siendo la única reconocida por el ministerio competente, que está muy por encima de las competencias de la Ciudad Autónoma, como representante legal de los musulmanes de Melilla, sufre este tipo de desagravio, sin que afecte a la mayoría de los diputados de la Asamblea pertenecientes a los 15 del gobierno, formado por sólo 2 musulmanes. Hombre, se podría decir que la decisión tomada no tiene nada que ver con la condición religiosa de los 15 que tienen que tomarla, incluso se puede hacer que esta decisión la defienda precisamente uno de los dos musulmanes de entre los quince para maquillar la mascarada, pero eso es tratar de comulgar con ruedas de molino.

 

Pues ya hemos visto y ejemplificado el caso del uso de la religión en política, algo de lo que debemos escaparnos por cuanto es una lacra para cualquier sociedad que pretenda definirse como democrática y defensora de las libertades individuales. Pero aún nos queda por definir el segundo supuesto, es decir, el uso de la política en religión. Primeramente entendamos bien que quiere decir esto del uso de la política en religión. Pues bien, no es más que usar un discurso político en un ámbito religioso, es decir, dar indicaciones o recomendaciones políticas desde el punto de vista de la práctica religiosa. Pongámos un ejemplo. Un sacerdote, después de la lectura, suele dar un sermón explicativo que muchas veces trata de conectar lo que se ha leído del Evangelio o de la Primera Lectura de la Biblia, con hechos actuales que afectan a la comunidad cristiana. El sacerdote lee el capítulo 19 del libro del Génesis, en su primera lectura y la conecta con la pimera carta a los Coríntios, ambas lecturas condenan gravemente la homosexualidad. El sacerdote entonces inicia el debate, puede hacerlo directamente o dando rodeos, pero al final convence a los feligreses de que todas las opciones políticas que van en contra de los preceptos cristianos deben ser rechazadas a la hora de participar en democracia. El uso de la política en religión está a la orden del dia, se trata simplemente de hacer ver a los seguidores de determinada religión, que es lo que sus textos sagrados, sus preceptos, dicen acerca de determinados asuntos para que hagan su vida acorde a ellos, incluso votar, que es parte de la vida. Pero fíjense que cursioso, a la definición de “grupo de personas unidas por una filosofía” le caben tanto la religión como el partido político. Si un partido político puede urgir a sus afiliados a apoyar determinada acción en principio contraria a algunos valores individuales, como por ejemplo hizo el Partido Popular con la Guerra de Irak, un grupo religioso debería tener libertad para definirse políticamente, independientemente de si luego, sus feligreses actúan consecuentemente con lo que sus dirigentes religiosos les indican. Es la belleza de la libertad de expresión, que debe también ser respetada en los altares, para sacerdotes, jutabá y rabbanim. ¿Porqué en Melilla se considera peligroso para la convivencia que se use un discurso político en las mezquitas?, bueno, primeramente habría que definir quien o quienes consideran esto un “peligro”. El presidente del Partido Popular en Melilla, Juan José Imbroda ha llegado a decir que las mezquitas “deben ser usadas sólo para rezar y no para hacer política”, y es que es precisamente sólo el Partido Popular quien hace este tipo de aseveraciones. Pero hay que saber que el estado de derecho no puede inmiscuirse en el discurso que se hace desde el altar religioso. Si un sacerdote, un jatib o un rabb, utiliza su sermón, su jutba o su shiurim, para de alguna manera indicar o aconsejar a sus feligreses una forma de actuar a la hora de ejercer su derecho constitucional, no deja de ser parte del universo competente de la religión. Indudablemente no se puede coartar la libertad de un dirigente religioso, sobretodo porque éste no diga las cosas que al partido político de turno le interese. Lo que si parece curioso es que, en Melilla, el único partido identificado con una religión, como lo es el partido popular, federado dentro de los partidos democristianos de Europa, sea el que quiera coartar la libertad de expresión de los jutabá en Melilla cuando hablan desde el mimbar acerca del apoyo de los musulmanes a opciones políticas que respeten a sus representantes o que tengan en sus filas un número más representativo de correligionarios, es decir, musulmanes.

 

No señores, el uso de la política en religión debe estar sólo regulado por las autoridades religiosas que dirigen los discursos y las exégesis de los textos sagrados. No se puede intentar, desde la política, marcar el discurso de los dirigentes religiosos, y sobretodo no se puede hacer sólo cuando conviene y a quien conviene hacerlo. Y la cuestión más grave es que, al saber positivamente que el colectivo religioso musulmán, por razones obvias, jamás podría justificar a través de sus textos sagrados el apoyo al Partido Popular, se comience una campaña de desinformación entre los mismos musulmanes, para hacerles creer que votar es haram, es decir, prohibido para los musulmanes como lo pueda ser el cerdo o el alcohol. Es muy grave que este tipo de aseveraciones ya empiecen a pulular por las calles de manera masiva pues el mismísimo estado de derecho se tambalea al convencer a una parte tan importante de la población que no tiene el derecho a participar en la decisión de quien va a gobernarle porque a alguien se le ha ocurrido la feliz idea de considerarlo pecaminoso. No sólo los dirigentes religiosos musulmanes deberían de decir alto y claro que los musulmanes tienen el derecho y el deber de votar, sino que se debería de apoyar esta idea desde la mismísima Asamblea.

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